Más de 3 millones de peruanos enfrentan una crisis de agua sin precedentes en 2025, un problema que se agrava día a día. En regiones como Loreto, Ucayali y Pasco, el acceso al agua potable se ha convertido en un privilegio, dejando a muchas familias dependientes de ríos contaminados para sus necesidades diarias. La situación se vuelve crítica en épocas de sequía, donde la escasez se convierte en una lucha por la supervivencia.

A pesar de que el agua es un derecho humano, la falta de infraestructura adecuada y una gobernanza deficiente han llevado a que 3.3 millones de personas carezcan de acceso a servicios básicos de saneamiento. Expertos advierten que la gestión del agua en Perú es ineficiente, con solo un 30% de ejecución en la mayoría de las empresas prestadoras de servicios. Irónicamente, hay áreas con abundantes recursos hídricos que sufren por la mala gestión, mientras que en la costa, donde predominan los desiertos, la situación es aún más alarmante.

La Autoridad Nacional del Agua ha comenzado a promover el uso de aguas subterráneas en los valles costeros, pero esto es solo un primer paso. Se requiere una inversión pública significativa y un enfoque serio en la planificación y ejecución de proyectos para cerrar las brechas existentes. La crisis del agua no solo es un problema ambiental; es una cuestión de derechos humanos y dignidad.

Los peruanos deben unirse para exigir soluciones inmediatas. El agua no es un lujo, es un derecho. La urgencia de esta situación exige acción ahora, porque cada día que pasa sin soluciones, millones de vidas continúan en riesgo. ¡Es hora de actuar!